Guatemala sigue avanzando firmemente contra la impunidad y en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.
El martes pasado, 13 de marzo, la jueza Jazmín Barrios -quien también fue miembro del tribunal de sentencia del caso Gerardi- condenó a 7.710 años de carcel a los expatrulleros civiles Eusebio Grave, Julián y Mario Acoj, y Santos Rosales, así como el excomisionado militar Lucas Tecú, como autores de la masacre cometida en la aldea de Plan de Sánchez en las que fueron ejecutadas, al menos, 256 de sus habitantes, la mayoría mujeres y niños; mujeres que fueron violadas y torturadas, y después quemadas, cometida en julio de 1982, bajo el gobierno de Ríos Montt.
Los Informes REMHI y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU registraron más de 600 masacres cometidas por el Ejército de Guatemala y concluyeron que las Fuerzas de Seguridad de Estado cometieron el 93% del total de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia durante el total del conflicto armado, que duró 36 años.
El pasado 2 de agosto, otro tribunal de Alto Riesgo condenó a cuatro exmilitares kaibiles a 6.030 años de prisión cada uno por la matanza de los 201 campesinos el 7 de diciembre de 1982 en la comunidad de Dos Erres, municipio de La Libertad, en el departamento de Petén, y otros 30 por delitos de lesa humanidad. La semana pasada también fue sentenciado a la misma pena el exmilitar Pedro Pimentel, extraditado de Estados Unidos en julio de 2011, tras declararlo culpable de haber participado en la matanza de las comunidad de Dos Erres.
Les seguiremos informando sobre los avances en los casos abiertos por genocidio – pendientes de la apertura a juicio- contra el ex Jefe del Estado Mayor General del Ejército LÓPEZ FUENTES y el Director de Inteligencia Militar RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. Como les anunciábamos recientemente, la semana que viene se presentará la acusación contra RÍOS MONTT, ex Presidente de la República y Ministro de Defensa en el periodo más cruel del conflicto armado.
Queremos felicitar a las organizaciones sociales, al pueblo de Guatemala y, en especial, al Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y a la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), acusación particular en este caso, por estos importantes avances por los que lleva trabajando más de 10 años. Pueden visitar su sitio web: http://www.caldh.org/
Y seguir dándoles nuestro apoyo en la difícil pero imprescindible tarea de defender los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
Genocidio nunca más!
Enviado por :
Sofía Duyos
Madrid Paz y Solidaridad
CC.OO.
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VIDEO: Exparamilitares son condenados a siete mil 710 años de prisión
El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó la tarde de este martes a siete mil 710 años de prisión a cinco ex paramilitares que fueron encontrados responsables de una masacre de 256 personas en 1982 en la comunidad Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz. (Video Prensa Libre: Erlie Castillo/Antonio Ixcot)
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Sentencian a exparamilitares a 7 mil 710 años de cárcel
Cinco militares fueron condenados la tarde de este martes a 7 mil 710 años de prision, tras encontrarlos responsables de la muerte de 256 personas en la masacre Plan de Sánchez Rabinal, Baja Verapaz, un hecho ocurrido en 1982.
Por Agencia EFE Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA – La presidenta del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, aseguró al leer su dictámen que durante el juicio, iniciado el miércoles pasado, quedó demostrada la participación en la masacre de los cinco imputados, procesados por los delitos de asesinato y «deberes contra la humanidad», como tipifica la Justicia guatemalteca el delito de lesa humanidad.
Los condenados son los expatrulleros civiles Eusebio Grave, Julián y Mario Acoj, y Santos Rosales, así como el excomisionado militar Lucas Tecú, capturados en agosto pasado.
La jueza Barrios manifestó que los cinco exparamilitares son culpables como autores de los 256 asesinatos y los sentenció a 30 años de cárcel inconmutables por cada crimen, lo que hace un total de siete mil 680 para cada uno de ellos.
Además, les impuso otros 30 años por el delito de lesa humanidad, para hacer un total de siete mil 710 años de prisión, la condena más alta en la historia judicial de Guatemala.
Sin embargo, la jueza aclaró que los sentenciados solo deberán cumplir 50 años de presión, la pena máxima establecida en el Código Penal.
Los testimonios y peritajes presentados durante el juicio demostraron que los imputados actuaron con «alevosía, premeditación, ensañamiento y con perversidad brutal», señaló la sentencia judicial.
La jueza Barrios manifestó que de acuerdo con los testimonios a los que el tribunal les dio valor probatorio, las mujeres fueron violadas, torturadas y asesinadas, y además todas las víctimas fueron quemadas para asegurarse los autores su impunidad.
«Resulta inexplicable la actitud de los miembros del Ejército que masacraron a la población y su intensidad rebasó los límites» porque fue una acción planificada, remarcó la jueza.
Según las investigaciones del Ministerio Público, los condenados formaban parte de la unidad militar que ingresó a Plan de Sánchez para asesinar al menos a 256 de sus habitantes, la mayoría mujeres y niños.
Uno de los testigos en el juicio, Benjamín Gerónimo, dijo a Acan-Efe que era «importante» la sentencia dictada este martes, porque «así la población se da cuenta que no es fácil cometer un delito sin que se le haga justicia».
Gerómino afirmó haber perdido en la matanza a trece familiares, entre ellos a su madre y a varias de sus hermanas. «Yo vi a los cinco en la comunidad cuando participaron en la masacre, yo personalmente vi cuando se llevaron a mi mamá y a mis hermanas», sostuvo el campesino, quien es presidente de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), que actuó como querellante en el proceso.
Además de los siete mil 710 años de prisión, el tribunal ordenó a los ministerios de Educación y Cultura elaborar un documental pedagógico para honrar la memoria de las víctimas.
Esta es la segunda sentencia por masacres que se dictan en Guatemala.
El pasado 2 de agosto, otro tribunal de Alto Riesgo condenó a cuatro exmilitares guatemaltecos a seis mil 030 años de prisión cada uno por la matanza de los 201 campesinos el 7 de diciembre de 1982 en la comunidad de Dos Erres, municipio de La Libertad, en el norteño departamento de Petén, y otros 30 por delitos de lesa humanidad.
La semana pasada también fue sentenciado a la misma pena el exmilitar Pedro Pimentel, extraditado de Estados Unidos en julio de 2011, tras declararlo culpable de haber participado en la matanza de las comunidad de Dos Erres.
Publicado por Asociación COMUNICARTE.