Las amenazas veladas y la criminalización de la labor de defensoras y defensores aumentan los riesgos a la vida, seguridad y libertad de las personas y el derecho a defender los derechos humanos en México.

Acapulco, Gro., 20 de enero de 2014

El pasado martes 7 de enero el portal de noticias Milenio.com publicó un artículo titulado “Guerrilla “mueve” a grupos de autodefensa y maestros”. En éste señala, sustancialmente y “de acuerdo con informes de inteligencia del Estado mexicano (documentos de los gobiernos federal y de Guerrero), a los cuales tuvo acceso MILENIO”, que:

“Los grupos sociales que durante 2013 estuvieron muy activos en esa entidad (Guerrero) fueron asesorados y penetrados por grupos guerrilleros o por miembros de diversos grupos insurgentes que operan en la entidad. Y no solo eso: pueden estarse armando (algunos con fusiles tipo AK-47) para, de considerarlo necesario, seguir sus luchas por la vía armada”.

A lo largo del artículo va refiriendo información que vincula a varios defensores de derechos humanos, activistas y líderes sociales[1] con movimientos “guerrilleros”. Esto se suma al preocupante contexto de criminalización de la protesta y el trabajo de defensores de derechos humanos a lo largo de la república mexicana y especialmente en el estado de Guerrero.

La situación es particularmente grave en el estado de Guerrero, donde hay una peligrosa mezcla de pobreza, con alta población indígena y campesina marginada, ataques a defensores y clima de violencia: Guerrero es mencionado como uno de los estados más violentos por las altas tasas de homicidios dolosos, feminicidios y secuestros.

Se menciona públicamente de las agresiones graves o fatales (homicidios y desapariciones forzadas) a 13 defensores en lo que va de la actual administración estatal a cargo de Ángel Aguirre Rivero, dese el 1º de abril de 2011.

Por tales razones una filtración de supuestos informes de Inteligencia de los aparatos de seguridad federal y estatal no puede ser dejado pasar por alto, cuando todos los ahí mencionados, tanto personas como organizaciones son parte de una sociedad civil organizada que se moviliza para defender y exigir sus derechos. La pretensión de vincularlos a movimientos armados inequívocamente es parte de una estrategia de guerra psicológica que busca desprestigiar su trabajo, crear miedo y desconfianza de la sociedad hacia estas personas y organizaciones, rompiendo tejido social, así como facilitar probables acciones de represión en contra de ellos.

Las instituciones socias de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de la Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos abajo firmantes  expresamos nuestra preocupación por este tipo de acciones que vulneran la seguridad de las personas defensoras y que crean contextos de mayor riesgo para quienes defienden los derechos humanos en México.

Queremos destacar que la Relatora Especial sobre la situación de las Personas Defensoras de las Naciones Unidas ha señalado que aunque los Estados tienen la responsabilidad primordial de proteger a los defensores y las defensoras de los derechos humanos, es necesario recordar que la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos está dirigida no sólo a los Estados y a los defensores y las defensoras de los derechos humanos, sino a todo el mundo. Se establece en el artículo 10 de la Declaración que “nadie participará por acción u omisión donde sea necesario en la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales” (A/HRC/13/22, párr. 44 y A/65/223, párr. 2). Además, la Declaración reafirma la responsabilidad de todos de no violar los derechos de los demás y abarca la responsabilidad de los actores no estatales de respetar los derechos de las y los defensores de los derechos humanos en el preámbulo, así como en los artículos 11, 12.3 y 19 (A/65/223, párr. 22).

La descalificación de la labor de quienes realizan labores de defensa y promoción de los derechos humanos a través de los medios de comunicación en México, es cada vez más común y preocupante. Durante los últimos tres años, la Red Nacional de los Derechos Humanos para Todas y Todos, ha documentado cerca de noventa casos de violaciones a derechos humanos de las personas defensoras en México. De estos, en al menos ocho se han documentado violaciones al derecho al respecto a la honra y reputación de quienes integran las organizaciones de derechos humanos.

En México existe una Ley para la Protección para Personas Defensoras y Periodistas, a partir de la cual se ha creado un Mecanismo de Protección que entre otros, tiene como objetivo prevenir agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos. Hacemos un llamado a que este Mecanismo tome en cuenta el tipo de actos como los descritos anteriormente para a su vez, generar políticas públicas e implementar acciones que logren evitar la descalificación de la labor de la defensa y promoción de los derechos humanos.

Atentamente,

 

Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de la Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos.

CCTI

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C., México.

ATYHA

Centro de Alternativas en Salud Mental, Paraguay.

AVRE

Apoyo a Víctimas Pro-Recuperación Emocional, Colombia.

CAPS

Centro de Atención Psicosocial, Perú

CDHES

Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, El Salvador

CINTRAS

Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Chile

CPTRT

Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares, Honduras

EATIP

Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, Argentina

ECAP

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Guatemala

GAM

Fundación Grupo de Apoyo Mutuo, Guatemala

GTNM/RJ

Grupo Tortura Nunca Mais, Río de Janeiro. Equipo Clínico Grupal Tortura Nunca Mais, Brasil

INREDH

Ecuador

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Ecuador

ITEI

Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal, Bolivia

ODHAG

Oficina Derechos Humanos Arzobispado de Guatemala, Area Salud Mental, Guatemala

PRIVA

Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia, Ecuador

REDAPOYO

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Venezuela

SERSOC

Servicio de Rehabilitación Social, Uruguay

 

Publicado en Red Latinoamericana