DECLARACIÓN DE LIMA 2011

Logo Red Salud DHLas organizaciones de derechos humanos integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos reunidas en la ciudad de Lima, del 5 al 9 de septiembre de 2011, declaramos lo siguiente:

Nos llenan de esperanza las luchas que están desarrollando nuestros pueblos por la defensa de su derecho a la tierra, a la educación, a la justicia, a su cultura, a la igualdad y a la inclusión social. Así también, vemos con optimismo la anulación de las vergonzosas leyes de amnistía y los avances en juicios de responsables de violaciones a los derechos humanos en varios países de la región.

Seguimos aprendiendo de los jóvenes estudiantes, mujeres y pueblos originarios que con sus luchas están abriendo el camino para lograr mayores niveles de justicia e inclusión para todos y todas.

Saludamos también las comprometidas iniciativas de recuperación de la memoria histórica que los pueblos  latinoamericanos están realizando, y que servirán de clara señalización para impedir  nuevas formas de dominación y masacres.

Por otra parte, destacamos la ratificación por parte de los Estados, de la Convención Contra la Tortura y del Protocolo Facultativo, que establecen mecanismos de prevención de la tortura.

Sin embargo, vemos con mucha preocupación, rabia e indignación, que todavía numerosos gobiernos no han ratificado la Convención Contra la Desaparición Forzada de Personas, la Convención Contra la Tortura, así como el Protocolo Facultativo de Prevención de la misma ni se han instalado los Mecanismos Nacionales de Prevención, continúan los abusos, violaciones de derechos humanos y la impunidad: la tortura sigue presente.

Especialmente señalamos la grave situación que viven las personas que han sido privadas de su libertad, en cárceles, centros de detención de adolescentes, instituciones psiquiátricas, centros de desintoxicación, estaciones migratorias, comisarías de policía, entre otros, los cuales se caracterizan por condiciones de hacinamiento, violencia, corrupción, maltratos, vejámenes y humillaciones, tortura y tratos crueles e inhumanos y otras graves violaciones de derechos humanos. Nos alerta la instalación de penales de máxima seguridad en los países de la región, en tanto sabemos que las condiciones en dichas cárceles denigran la dignidad de las personas y constituyen una forma de tortura permanente y sofisticada.

Denunciamos también la generalizada criminalización de la protesta social, la judicialización, amenazas, hostigamientos, asesinatos de defensores y  defensoras de derechos humanos y de la madre tierra, así como el abuso de la detención preventiva. Todo ello como estrategia de los Estados para eliminar la organización y la movilización social.

Observamos también con preocupación que se mantiene la impunidad sobre abusos policiales y militares, especialmente de principales responsables de masacres y de sistemáticas violaciones de derechos humanos que ocuparon altos cargos políticos, policiales y militares, algunos de los cuales han recibido asilo y protección del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos de la región.  La situación se agrava por el mantenimiento o amenazas de creación en algunos Estados, de anacrónicas leyes de amnistía o punto final. La verdad sin justicia hace imposibles la reparación, la recuperación del proyecto de vida y la reconstrucción del tejido social.

Sufrimos también el aumento de la violencia y la delincuencia, fruto de las inequidades sociales y las políticas excluyentes y empobrecedoras de las mayorías, y observamos que este aumento de la delincuencia es usado como justificación para mayor represión, control social, desarticulación de los movimientos y luchas sociales, especialmente a través de la implementación de leyes antiterroristas, militarización de las políticas de seguridad,  aumentos de penas, creación de nuevos delitos, fabricación de delitos no existentes, detenciones arbitrarias, operativos de limpieza social, supuestas muertes en enfrentamientos (falsos positivos), internación forzada, estigmatización y represión hacia  los jóvenes, niños, niñas y adolescentes, tomas violentas de caseríos rurales, comunidades indígenas y barriadas populares, junto con un mayor tráfico de armas, proliferación de agentes de seguridad privada, acciones paramilitares y aumento del narcotráfico.

Llamamos la atención sobre el despojo que están sufriendo los pueblos originarios de sus tierras y otros recursos naturales, en el marco de megaproyectos desarrollistas, extractivos, mineros, energéticos, de “comunicación”, entre otros, todos acordes con las políticas neoliberales y de libre comercio, los cuales están destruyendo no sólo recursos vitales para nuestro planeta -como reservorios de agua, vegetación, biodiversidad- sino que ponen en peligro la sostenibilidad de la vida.

Estamos en presencia también del peligro de la manipulación y captación de las organizaciones sociales y de derechos humanos por parte de los gobiernos, así como la cooptación  de luchadoras y luchadores sociales para asumir cargos públicos, en detrimento de los liderazgos de los movimientos populares.

Por lo anterior, exigimos a los Estados de Latinoamérica:

Garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las poblaciones latinoamericanas.

Tomar medidas respecto a la seguridad ciudadana en respeto al Estado de Derecho y de las garantías fundamentales de la población.

El cumplimiento de los tratados internacionales en materia de tortura, tratamiento a personas privadas de su libertad, los derechos de niños y niñas, mujeres, ancianos, personas de la diversidad sexual y demás grupos vulnerables. Así como la implementación de mecanismos efectivos de reparación integral a todas las víctimas de torturas y otras graves violaciones de derechos humanos.

El respeto a los derechos de los pueblos originarios, así como los económicos, sociales, culturales  y ambientales.

Agradecemos a todos los grupos y movimientos sociales, jóvenes, mujeres, ancianas, ancianos, pueblos originarios, defensores y defensoras de derechos humanos, por mantener viva la esperanza y las luchas en la construcción de un mundo más justo y humano, una vida más saludable y digna para todos y todas.

Por último hacemos  un fuerte y urgente llamado a toda la sociedad y a todas  las instituciones públicas y privadas a sumarse a la tarea de erradicar la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la impunidad. ¡NO MÁS TORTURA!

Dado en la ciudad de Lima a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil once.

Por la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos:

  • Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.
  • Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Perú.
  • Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.
  • Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras.
  • Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.
  • Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), El Salvador.
  • Corporación AVRE – Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política, Colombia.
  • Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.
  • Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.
  • Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.
  • Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.
  • Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.
  • Grupo Tortura Nunca Mais – Río de Janeiro (GTNM/RJ), Brasil.
  • Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Bolivia.
  • Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.
  • Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Venezuela.
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