Declaración de Caracas

VIII ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD

Contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos

Caracas, Venezuela, 16 al 18 de octubre de 2005

DECLARACIÓN DE CARACAS

La Asamblea del VIII Encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos, reunida en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el día 18 de octubre de 2005, declara que:

1.- Reafirma su compromiso histórico de lucha en pro de la defensa, protección y plena vigencia de los derechos humanos en América Latina y su condena a la tortura, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos, que han sido y continúan siendo – abierta o solapadamente – prácticas utilizadas por algunos Estados en distintos puntos de nuestro continente.

2.- Repudia la actual política del Gobierno de los Estados Unidos,  que representa hoy la forma más brutal y masiva de violación a los derechos humanos, como lo muestra la invasión a Irak en abierto desafío a la comunidad internacional, la masacre indiscriminada de su población y las torturas infligidas a los detenidos en la prisión de Abu Graib. Expresamos nuestra condena a los Gobiernos que apoyan la ocupación imperialista y exigimos el inmediato retiro de las tropas.

Esta política basada en intereses hegemónicos, constituye una amenaza cada vez más real de que nuestros territorios se conviertan próximamente en una zona de guerra generalizada por el valor estratégico de sus recursos naturales como el petróleo, el gas natural y las reservas acuíferas.

3.- Rechaza el Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá, el establecimiento de bases militares y policiales en nuestros territorios, como las de Ecuador, Bolivia, Honduras y Paraguay y sus consecuencias.  Como así también los tratados de inmunidad violatorios de las normas del derecho internacional de los DD.HH. por Estados Unidos, pues comportan un grave riesgo para la paz en la región, además de constituirse en elementos para mantener el sojuzgamiento de América Latina a los intereses imperiales. En función de esto, rechaza la llegada del presidente George W. Bush al continente latinoamericano y su presencia en la “Cumbre de las Américas”, a realizarse en Argentina el 4 de Noviembre próximo. Rechaza también el operativo montado por agentes de la CIA y de las fuerzas de seguridad del Gobierno argentino en desmedro de la soberanía argentina y los sentimientos de repudio de su población.

4.-Condena la existencia de la base militar estadounidense en Guantánamo, que constituye un campo de concentración de Estados Unidos en territorio latinoamericano, violentando todas las normas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los DD.HH. Igualmente, exige el derecho de los prisioneros de Guantánamo a su defensa en el marco de las garantías internacionales de protección de los DD.HH.

5.- Rechaza las provocaciones y amenazas del Gobierno de EE.UU. hacia la República Bolivariana de Venezuela, y la negativa de la extradición de notorios criminales como el Sr. Luis Posada Carriles, responsable de acciones terroristas contra ciudadanos (venezolanos, caribeños) y contra países de la región.

6.- Denuncia las campañas de desprestigio, hostigamiento y persecución de las que están siendo objeto las organizaciones de DD.HH. en Colombia, Honduras y Guatemala en particular, por parte de los Gobiernos de esos países. Con respecto a la situación colombiana, rechazamos la aprobación  de la mal llamada “Ley de Justicia y Paz”, que agrava aún más la ya crítica situación de ese país, garantizando la impunidad para los grupos paramilitares responsables de masacres, desapariciones y asesinatos y que no garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.

De la misma manera, en el contexto de la actual situación en Bolivia, expresa su apoyo al juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada y sus colaboradores, promovido por el conjunto de las organizaciones sociales bolivianas, hoy frenado por el gobierno estadounidense.

7.- Repudia enérgicamente el asesinato de jóvenes y la creciente ejecución de políticas de criminalización de la pobreza y la protesta social, como metodología represiva de los Gobiernos contra los movimientos sociales y políticos que enfrentan el modelo neoliberal, causante del hambre y la miseria de vastos sectores de la población latinoamericana. También rechaza la implementación en la región centroamericana de una policía regional impulsada por el Gobierno de Estados Unidos con la cínica excusa de la lucha antiterrorista que sostiene ese país, con una metodología fundamentalmente represiva y por ende violatoria de los DD.HH. de la población.

8.-Denuncia el asesinato masivo de mujeres con formas de tortura brutales que afectan severamente a la sociedad en general e insta al cumplimiento efectivo de los Gobiernos con el mandato de protección de sus ciudadanas, la investigación y el castigo a los responsables.

9.- Exige la derogación de las leyes de amnistía dictadas por diferentes Estados y la apertura de los archivos policiales y militares para que los procesos de reparación no estén limitados al aspecto financiero sino que se enmarquen en procesos de reparación integral. Mantiene el apoyo a la definición de Tortura establecida por la Convención de la ONU contra la Tortura y rechaza las presiones de los países que impulsan su alteración desconsiderando el proceso de su construcción.

10.- Convoca a todos los Estados a la firma y ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU, adoptado el 18 de diciembre de 2002, como elemento eficaz de protección a los detenidos y de control del accionar represivo de los Estados. Igualmente, insta a los Gobiernos a desarticular los cuerpos ilegales incrustados en los organismos estatales y a concretar planes de acción regionales para la prevención y el control  de las violaciones a los DD.HH., que garanticen efectivamente los derechos de los afectados y contribuyan a avanzar en la construcción de sociedades más justas y democráticas.  De la misma manera, deberán incorporarse programas de salud mental como una contribución específica a los procesos de prevención y rehabilitación que garanticen los alcances del concepto de reparación integral.

11- Saluda plenamente la adopción, por parte del Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, del “Proyecto de Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, del 23 de septiembre de 2005, e insta a los Gobiernos de la región a apoyar su adopción durante la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos.

12.- Expresa su compromiso a continuar su intensa actividad de asistencia médica, psicológica, psicosocial y jurídica a los afectados directos, sus familiares y grupos sociales para prevenir y facilitar la elaboración de la experiencia traumática y de los efectos retraumatizantes de la tortura y de la impunidad en los sujetos individuales y en el conjunto de la sociedad y posibilitar desde una perspectiva de reparación integral la recomposición de sus proyectos vitales severamente dañados.

Como así también, contribuir al campo científico con el aporte de nuevas conceptualizaciones teóricas sobre estas prácticas clínicas, psicosociales y legales, ofreciendo dichos instrumentos a disposición de la comunidad científica.

13.- Mantiene su más profunda convicción de que sólo con la verdad, la justicia, la memoria y la lucha contra la impunidad, los pueblos latinoamericanos y la humanidad toda podrán avanzar en un rumbo auténticamente liberador hacia la creación de sociedades justas y solidarias.

Por la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos:

  • Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), México.
  • Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.
  • Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.
  • Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.
  • Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Bolivia.
  • Grupo Tortura Nunca Mais – Río de Janeiro (GTNM – RJ), Brasil.
  • Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.
  • Corporación AVRE-Apoyo a Víctimas pro Recuperación Emocional,  Colombia.
  • Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), El Salvador.
  • Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.
  • Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.
  • Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras.
  • Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.
  • Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Venezuela.
  • Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Perú.
  • Servicio de Rehabilitación Social (SERSOC) – Uruguay.
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